DERECHOS ASOCIADOS AL TERRITORIO: PERSPECTIVAS JURÍDICAS-POLÍTICAS

El territorio, a lo largo de la historia, podría concebirse como aquel espacio desde el cual y sobre el cual se ha ejercido el poder.

La consolidación de los estados nación y la posterior instalación de modelos de gobierno sustentados en el ejercicio compartido del poder –que lo entenderíamos como democracias- han posibilitado el diseño y la instalación de gobiernos multinivel.

En el caso del Ecuador, un estado unitario, soberano, independiente, que posee un régimen de competencias que le permiten establecer atribuciones exclusivas y concurrentes en los diferentes niveles de gobierno, hablamos de la descentralización como un hito importante para el desarrollo nacional, y un mecanismo importante para el ejercicio de la democracia participativa.

Y es, precisamente sobre la soberanía, que radica la dimensión jurídico – política del ordenamiento territorial en general, porque sobre esa capacidad de autodeterminación que todos los ciudadanos hemos otorgado al Estado, que hoy podemos hablar del tema objeto de este encuentro.

El Estado ha tratado de abarcar todo lo que representa el territorio, en términos estratégicos, estableciendo normativa para ordenar el territorio en el aspecto material, físico, geográfico, y en el aspecto ciudadano, de convivencia, de administración, guiado al tema de la ciudadanía, que no es otra cosa que el vínculo jurídico con el Estado.
Si tomamos en cuenta este último grupo, encontraremos varios elementos que nos dan cuenta que el derecho a la ciudad, al hábitat sano, el derecho a la vivienda, a la propiedad, al acceso de recursos vitales, giran en torno a un tema de corresponsabilidad y convivencia pacífica.

Hablamos de corresponsabilidad porque, por un lado su importancia radica en el desarrollo que tenemos sobre la idea de ciudadanía y como la ejercemos –nuestros deberes y derechos- por otro lado, en el contexto de un estado moderno y sobre todo de un estado de bienestar, el aparataje público debe guiar su gestión hacia la consecución de los fines comunes y la realización de la vida en condiciones de dignidad.

Finalmente, y esto es un resultado de la historia, si miramos hacia el pasado, varias décadas atrás, resultaría impensable que desde el mismo estado se piense y se establezcan entidades dedicadas a controlar el ejercicio del poder. Únicamente las crisis más profundas nos han demostrado la necesidad de encontrar un balance y equilibrio entre autoridades y ciudadanía.
Entonces, diferenciamos claramente al menos tres aspectos que desde el sentido jurídico de la ciudadanía se enlazan al hablar de derechos asociados al territorio.
A partir de ahí, el catálogo de derechos de la Constitución, el conjunto de atribuciones y prerrogativas de los diferentes niveles de Gobierno o GADs que reúne el COOTAD, el régimen de desarrollo y la consecución de los objetivos nacionales a través del ordenamiento territorial y el planeamiento urbanísticos de la LOOTUGS, el régimen jurídico de los suelos rurales de la Ley de Tierras y territorios ancestrales, la planificación en su sentido literal que nos deja el COPYFP, son en términos generales, los límites de la cancha que hemos establecido para reconocer nuestro rol de ciudadanos frente a las decisiones de las administraciones públicas, en relación con el tipo de lugar en el cual deseamos vivir.

Sin embargo, hablar de territorio y los fenómenos que este atraviesa, es hablar de un fenómeno cambiante, completamente dinámico y contingente.

La velocidad de los cambios que a diario se presentan son un reto para la forma en la que hemos organizado las instituciones. No hay capacidad de respuesta suficiente para lo que sucede y aparece día tras día. Más aún si hablamos desde un sentido jurídico, no hay norma que alcance a prever lo que pueda pasar. Respecto al tema del ordenamiento territorial hemos llegado a normar únicamente cuando el problema ya se presentó.

Para nadie es oculto que no existe un equilibrio entre las ciudades y el campo, la grave contaminación y la degradación ambiental que estos fenómenos acarrean, androginismo, la falta de conectividad y los problemas de movilidad, informalidad, la desigualdad, la inseguridad y la replicación de modelos de exclusión y segregación que se viven en las ciudades.

La SOT, en el año 2019 recibió 94 denuncias ante posibles infracciones al ordenamiento del territorio, de estas la mayoría relacionadas con la falta de observación a normas implementadas por los propios GADs y la falta de entrega de información sobre su gestión.

Otro ejemplo, respecto al tema de asentamientos humanos 124 (56%) de los 221 GAD municipales y metropolitanos han dado respuesta a la solicitud realizada por la SOT, 34 (15%) han regularizado asentamientos humanos de hecho.

Esto haciendo referencia a las consecuencias locales del “crecimiento desordenado” de las ciudades. Respecto de lecturas macro a los diferentes problemas que acarrea la constante vulneración a los derechos asociados al territorio, tenemos provincias y regiones con acceso diferente a los recursos, falta de presupuesto y mecanismos para generar riqueza, inequidad, exclusión, fronteras difíciles de controlar, amazonía amenaza, gestión inadecuada sobre los recursos acuíferos y las riberas marítimas, falta de perspectiva estratégica del territorio.

Resulta urgente entonces atender a aquello que sobresale como problema, buscando desde la ciudadanía, los diferentes niveles de gobierno, y las entidades de control y equilibrio entre ciudadanos y estado. En este sentido, si abriéramos la posibilidad de respuesta, solo tomando en cuenta la constitución, seguramente sumaríamos a lo antes dicho retos como:
Inclusión de personas en situación de vulnerabilidad –personas con capacidades diferentes, adultos mayores, jóvenes, etc- trabajo en violencias y patriarcalismo, lo relativo a gestión de riesgos, mecanismos que garanticen la transparencia, la democracia y la cogestión. La incorporación de normativa que garantice los derechos colectivos y las diferentes formas de propiedad. La gestión del territorio desde la perspectiva intercultural.

Desde el estado, y específicamente desde la Superintendencia -que es el organismo de control del ordenamiento del territorio- la experiencia cotidiana de lo que se ve y se analiza, da cuenta de la inminente necesidad de:

• Contar con información y data actualizada sobre el territorio como premisa básica para actuar e implementar agendas guiadas a la gestión de los recursos que sobre este se asientan. La falta de información y estandarización en su procesamiento, lo único que trae es un estado incapaz de ver los problemas latentes, y aquellos subyacentes. Frente a los nuevos procesos que nos trae la globalización, no poseer data es un riesgo a largo plazo.
• Encontrar mecanismos de regulación eficaces, y esto no pasa por la falta de normativa, sino por la falta de evaluación de los territorios porque al parecer excluimos de nuestros análisis jurídicos aquellos problemas estructurales asociados al territorio como la exclusión, la violencia o la desigualdad. No debemos dejar de lado el hecho de que la norma es un fenómeno político.
• En relación con lo anterior, es necesario democratizar la gestión del territorio, en esto radica el derecho a la ciudad. La participación ciudadana y todos aquellos mecanismos formales e informales para escuchar a quienes cohabitan en una localidad, es la premisa básica de la construcción de las ciudades que queremos. La consigna entonces partirá del fortalecimiento ciudadano para la toma de decisiones. Sin duda romper con la atomización y trabajar en cohesión social nos permitirá descubrir conjuntamente cual es el sentido de la propiedad, y su función social y ambiental.
• Otro aspecto básico, relacionado con el acceso, gestión y distribución de los recursos, pasa por una institucionalidad fuerte. Si hablamos de la gobernanza multinivel como un reto nacional, no podemos descuidar el fortalecimiento de las instituciones y la seguridad jurídica. Este el sentido de la transparencia para el territorio.